• Inicia el juicio contra el prefecto Raúl Bonifacio Guerrero por los asesinatos de Víctor “Chino” Ávila y Christian “Marote” Núñez  

    El 7 de noviembre de 2014, el prefecto Raúl Bonifacio Guerrero fusiló a Víctor “Chino” Ávila y a Christian “Marote” Núñez  en el barrio Alem de Cuartel V – partido de Moreno.

    Luego de 7 años de lucha, de las organizaciones sociales junto a familiares, y de denunciar estos asesinatos como gatillo fácil, el próximo 25 de febrero inicia el juicio en los Tribunales de Mercedes.

    En diálogo con el programa radial “Encuentro con las Noticias”, Joaquín Bel, referente de CORREPI, describió el caso y sostuvo que el  caso de Chino y Marote se suma a los más de 70 casos que se conocen en Moreno de gatillo fácil, “El caso de Chino y Marote se inscribe dentro de los 72 casos que hay en Moreno, que se sucedieron desde el 83 a la fecha en nuestro municipio. (…) Lo que pasó esa madrugada del 7 de noviembre, es que si bien los pibes estaban festejando que boca y river habían pasado a la semifinal de la copa libertadores del 2014, efectivamente esa madrugada intentaron cometer un robo con un arma que no servía. Cuando intentan robarle a esta persona, a  Raúl Bonifacio Guerrero, esta persona saca su arma, los chicos automáticamente se escapan, no se ponen en situación de enfrentamiento o en situación de tiro lo que generaría otra situación si no que automáticamente se dan a la fuga y esta persona prácticamente los fusila, se baja de su vehículo y los remata”.  

    Además, Bel, remarcó  el camino de lucha que llevaron adelante hasta llegar a este inicio de juicio, “Nosotros llegamos a juicio, el 25 de febrero, después de más de 7 años del fusilamiento de los chicos. Tuvimos que pelear contra la primer fiscal María Gabriela Urrutía de la Fiscalía N 8 de Moreno; conocida de CORREPI, de muchos casos anteriores, conocida encubridora de fusiladores de pibes. Los primeros 4 años en términos judiciales fueron difíciles porque la única versión que se daba por sentada era la del policía que había esgrimido que los pibes habían intentado robarle y que él se había defendido. Para la fiscal eso era más que suficiente para cerrar la causa, en 2016 estuvimos dos años presentando pedidos de cambio de fiscal, presentando pedidos de prueba que la fiscal inclusive no había tenido en cuenta para dar un poco más de luz a la investigación.
    Y recién en 2018 se acepta nuestro pedido de cambio de fiscal, y a partir de ahí comienza un incipiente camino de esclarecimiento de la situación. Obviamente nosotros ya sabíamos que era un caso de gatillo fácil, los vecinos del barrio sabían que era un caso de gatillo fácil y no era que estábamos esperando a ver que se esclarezca. Nosotros ya sabíamos lo que había pasado, lo que queríamos era que se tradujera en términos judiciales para intentar disputar una condena contra esta persona”.

    Raúl Bonifacio Guerrero es un prefecto ya retirado que vive en barrio Anderson en Cuartel V, y que aún luego de los asesinatos, de Chino y Marote, se mantuvo en activo en las fuerzas.
    Actualmente se encuentra transitando por las calles de Moreno libremente pero el próximo 25 de febrero comienza el juicio contra el bajo la caratula de “Homicidio por exceso en el ejercicio de la legítima defensa”, aunque las organizaciones exigen la caratula de “Homicidio calificado”

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  • CORREPI presentará su informe anual de la Situación Represiva Nacional

    La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional presentará, el próximo 17 de diciembre en Plaza de Mayo, su Informe Anual sobre la Situación Represiva Nacional.

    En este momento la Coordinadora se encuentra en la etapa final de análisis de la información para finalizar el informe.

    En diálogo con el programa radial “Encuentro con las Noticias”, María del Carmen Verdú, Abogada, Activista Antirrepresiva y Referente de CORREPI, se refirió a los últimos casos de Lucas González, Lautaro Rosé, Antonio Martínez y Elías Garay que responden a represión estatal, “En una semana tuvimos un muestreo de formas básicas de distintas modalidades de represión estatal: la desaparición, seguida de muerte, en el marco de una razia en Corrientes de Lautaro Rosé; el fusilamiento por gatillo fácil de Lucas González en la Ciudad de Buenos Aires; la muerte y la tortura de Antonio Martínez en la comisaria en San Clemente del Tuyú, después de una detención arbitraria y finalmente, tuvimos el asesinato en la modalidad de tercerización de la represión que son los civiles a los que dejaron ingresar cruzando el cerco policial que hace 60 días rodea la tierra recuperada en Cuesta del Ternero, en Río Negro, con Elías Garay fusilado”.

    Además, Verdú, remarcó que cuando iniciaron con los informes anuales era primordial el rol de la policía federal y/o provincial y que en la actualidad todas las fuerzas de seguridad tienen una intervención importante,  “Cuando iniciamos el trabajo de recopilación de casos efectivamente era, primordialmente, policial porque a quienes veíamos en la calle era a policías federales o provinciales. A lo largo de las décadas y de los años, se fue incrementando la presencia  y la intervención de otras fuerzas de seguridad como prefectura, gendarmería o policía de seguridad aeroportuaria en la misma tarea.
    (…) En estos últimos 15 años, obviamente que estas fuerzas han empezado a tener una intervención muy marcada en el ámbito de nuestro archivo”.  

    Se espera que la presentación sea de manera bimodal, de manera presencial el 17 de diciembre a partir de las 18 hs en Plaza de Mayo y de modo virtual en compañía de la Red Nacional de Medios Alternativos para tener un alcance federal.

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  • María del Carmen Verdú: “Ha habido muchas más muertes en estos meses, en las unidades penales, que en años anteriores”

    En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, consecuencia de la pandemia, se ha agudizado el abandonó que ya sufrían las unidades penitenciarias de nuestro país.

    En diálogo con el programa radial “Encuentro con las Noticias”, María del Carmen Verdú, referente de CORREPI, describió la grave situación de las personas privadas de su libertad, dentro de las cárceles, “En principio de abril, fines de marzo, empezaron los primeros reclamos en cárceles de todo el país de varones y de mujeres con un reclamo muy básico, muy elemental, lo que decían era nosotros suspendemos las visitas de familiares que para una personas privada de su libertad es la vida misma pero justamente con una enorme responsabilidad, presos y presas, consientes de que el virus si entraba a la cárcel hacia un estrago una masacre por el hacinamiento y la sobrepoblación y dijeron nosotros nos hacemos cargo de esta heroica de decidir no recibir más visitas pero garantícennos ustedes lo que las visitan nos traían y apliquen los penitenciario el mismo protocolo de seguridad que permite prevenir el ingreso del virus. Esto no se cumplió, ninguna de las dos cosas. (…) Y frente a esto, las consecuencias, la represión a estos reclamos, tuvimos muchos muertos, 5 en la provincia de Santa Fe, luego fusilados por miembros del permiso penitenciario, 2 muertes en Jujuy, 1 en Corrientes, 1 en Florencia Varela”.

    Verdú, además, remarcó que en estos últimos meses las muertes han sido más que en el último año y no responde a muertes provocadas por el coronavirus, “Hay un dato que es fundamental, de la información oficial sobre muertes bajo custodia que aportan por ejemplo la procuración penitenciaria de la nación a nivel nacional o la comisión provincial por la memoria, a nivel de la provincia de Buenos Aires, ambos organismos autónomos, surge que ha habido muchas más muertes en estos meses en las unidades penales que en años anteriores y que no solamente es por las muertes por covid, ha habido muchas más muertes por otras enfermedades evitables y eso da la pauta de cómo se ha incrementado esa situación histórica de crisis y abandono en el marco del aislamiento”.

    CORREPI exige, condiciones sanitarias para las personas privadas de su libertad. Hasta el momento, se registran 234 personas muertas durante la pandemia en cárceles, a lo largo y ancho de la Argentina, de esas 234 personas, 53 han fallecido a causa del virus Covid-19.

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